El acceso a la información es una instancia necesaria para la participación ciudadana y la protección de los derechos civiles, dado que sin información adecuada, oportuna y veraz, la sociedad difícilmente se encuentre en condiciones óptimas para participar en la toma de decisiones públicas. A efecto de lo anterior ha surgido la necesidad de utilizarla de manera racional y productiva en beneficio del individuo y de la comunidad.
A partir de 1998, que se constituyo Israel en uno de los primeros países que adopto una ley sobre el derecho a la información, se han dado pasos acelerados para hacer vigente este a fin de construir la democracia y la ciudadanía. Hasta 1990 solo 13 países habían adoptado leyes para regular el derecho a la información ahora están vigentes 70 leyes para esta importante materia.
En los últimos años se ha producido un cambio profundo, una especie de revolución, en referencia a la concepción de la comunicación y la información en el ámbito de los derechos humanos.
En tal rumbo se identifico el acceso a la información (especialmente la que se genera en las entidades públicas) como derecho humano fundamental. Por otro lado se le reconoció como un aspecto del derecho general de la libertad de expresión.
Las organizaciones intergubernamentales, y otras instituciones financieras internacionales promueven su divulgación, no solo en círculos académicos, también en gremios periodísticos y entidades no gubernamentales se comienza a relacionar comunicación con derecho humano, en vez de reivindicar solo las libertades (información, opinión, prensa) asociado a este fenómeno no social.
Para fortalecer la consideración de que los derechos humanos son un medio para la realización plena de la persona, la satisfacción de sus necesidades básicas hay que poner en práctica de manera eficiente y refinada, una política de relaciones públicas que ponga en dialogo a gobernantes y gobernados para avanzar en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Pualina H. Dávila
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